Estas herramientas hacen posible que el Ministerio
gestione las solicitudes de uso del territorio público elevadas
por los ciudadanos y las empresas, así como por los ministerios
y los organismos públicos quebequenses. Dichas solicitudes
se refieren a diversas necesidades relacionadas con fines residenciales,
comerciales, recreativos, industriales o de utilidad pública.
El conocimiento y la experiencia del Ministerio
se articulan principalmente en torno al establecimiento de procesos
comerciales bien integrados, que se apoyan en tecnologías
adaptadas en función de las necesidades tanto del cliente
como del Ministerio. Estas herramientas tecnológicas son
útiles para:
- el perfeccionamiento del conocimiento del territorio
- la coherencia de las intervenciones
- el procesamiento de los expedientes, desde la solicitud hasta
la concesión del derecho
- la renovación de los derechos
- la modificación de los derechos inmobiliarios.
Además del procesamiento
de datos de base para responder a las solicitudes de la clientela,
el sistema de administración de derechos inmobiliarios permite
llevar estadísticas y elaborar informes de administración
sobre los derechos de uso del territorio público. El sistema
está igualmente vinculado a un sistema de contabilidad que
contiene información sobre las cuentas de los clientes. El
desarrollo y la puesta en funcionamiento de estas herramientas de
gestión han contribuido a perfeccionar y uniformar los servicios
brindados a la clientela.
Equidad y confiabilidad
El Ministerio ha elaborado igualmente un marco
legislativo y administrativo que garantiza la confiabilidad de los
derechos inmobiliarios concedidos y asegura transparencia y equidad
en la atribución de los mismos. Los derechos se conceden
sobre la base de una compensación justa y razonable por parte
del beneficiario. La tarificación utilizada por el Ministerio
para la concesión de un derecho inmobiliario se asienta generalmente
sobre el principio del valor comercial.
En el caso de las tierras públicas utilizadas
con fines vacacionales, el Ministerio ha revisado en 2003
la base empleada para la determinación del valor locativo
de dichas tierras. La nueva base permite fijar el precio
del arriendo a partir de un enfoque que responda a las expectativas
de la clientela, manteniendo el principio de la tarificación
basada en el valor locativo.
La especialización y la experiencia adquiridas
por el Ministerio en materia de administración de los derechos
inmobiliarios en el territorio público están a disposición
de todo gobierno u organismo interesado en la administración
eficaz de los derechos inmobiliarios concedidos sobre su territorio
público.
Ver también
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